En pleno debate sobre la necesidad de poner freno al descontrolado fenómeno de la inmigración surge paralelamente la necesidad de buscar fórmulas que engrasen los cauces para la necesaria captación de talento exterior.
Ambas circunstancias forman parte de la agenda política de los principales países europeos, pero se trata de un problema que afecta con particular intensidad a España. En nuestro país hay ya más de 4,5 millones de extranjeros reconocidos, lo que representa el 11% del total de la población, pero los expertos estiman que puede haber incluso un millón más en situación de ilegalidad.
Las características de esta inmigración, determinadas por la ausencia de cualificación profesional y su proliferación en actividades de bajo valor añadido en la construcción o en los servicios, forman parte de un modelo que tiende a agotarse y cuyas consecuencias se harán más evidentes conforme se agudice el proceso de crisis económica.
Si España aspira a reactivar un nuevo ciclo de crecimiento sostenido es preciso desarrollar modelos de producción de mayor innovación, tecnología y valor añadido para ganar productividad y capacidad competitiva. Como están haciendo otros países desarrollados, España tiene que pasar de importar capital humano barato, del que está sobrada, a captar capital humano cualificado que contribuya al necesario cambio hacia un patrón de crecimiento más competitivo. Pero eso requiere un importante cambio de mentalidad y de estructura.
A la falta de sensibilidad sobre este asunto, que se percibe, por ejemplo, en el desinterés de las universidades por atraer investigadores y profesores, se suma que la captación de inmigración cualificada en España se ve entorpecida por la lentitud en los procesos y los farragosos trámites administrativos.
Para las multinacionales aquí instaladas, traer del exterior a trabajadores de alta cualificación, como directivos, técnicos o científicos, representa un auténtico calvario legal, que puede demorar el proceso hasta en medio año. El lastre burocrático representa a menudo un desincentivo para la inversión exterior, de la que tan necesitada está ahora la economía española.
Los expertos advierten que hay empresas que desean invertir en España, y que en ocasiones tardan hasta seis meses en poder traer al director del proyecto. A ello se suman las trabas para la reagrupación familiar, proceso que puede dilatarse hasta un año.
Estados Unidos, donde acaban residiendo seis de cada diez inmigrantes de alta cualificación con exitosos resultados para el desarrollo del país, debe ser el ejemplo a imitar por Europa. Y por España en particular, que si no quiere quedarse atrás en al carrera por captar talento del exterior debería adaptar su anacrónica legislación de extranjería a las necesidades reales del mercado.
Ambas circunstancias forman parte de la agenda política de los principales países europeos, pero se trata de un problema que afecta con particular intensidad a España. En nuestro país hay ya más de 4,5 millones de extranjeros reconocidos, lo que representa el 11% del total de la población, pero los expertos estiman que puede haber incluso un millón más en situación de ilegalidad.
Las características de esta inmigración, determinadas por la ausencia de cualificación profesional y su proliferación en actividades de bajo valor añadido en la construcción o en los servicios, forman parte de un modelo que tiende a agotarse y cuyas consecuencias se harán más evidentes conforme se agudice el proceso de crisis económica.
Si España aspira a reactivar un nuevo ciclo de crecimiento sostenido es preciso desarrollar modelos de producción de mayor innovación, tecnología y valor añadido para ganar productividad y capacidad competitiva. Como están haciendo otros países desarrollados, España tiene que pasar de importar capital humano barato, del que está sobrada, a captar capital humano cualificado que contribuya al necesario cambio hacia un patrón de crecimiento más competitivo. Pero eso requiere un importante cambio de mentalidad y de estructura.
A la falta de sensibilidad sobre este asunto, que se percibe, por ejemplo, en el desinterés de las universidades por atraer investigadores y profesores, se suma que la captación de inmigración cualificada en España se ve entorpecida por la lentitud en los procesos y los farragosos trámites administrativos.
Para las multinacionales aquí instaladas, traer del exterior a trabajadores de alta cualificación, como directivos, técnicos o científicos, representa un auténtico calvario legal, que puede demorar el proceso hasta en medio año. El lastre burocrático representa a menudo un desincentivo para la inversión exterior, de la que tan necesitada está ahora la economía española.
Los expertos advierten que hay empresas que desean invertir en España, y que en ocasiones tardan hasta seis meses en poder traer al director del proyecto. A ello se suman las trabas para la reagrupación familiar, proceso que puede dilatarse hasta un año.
Estados Unidos, donde acaban residiendo seis de cada diez inmigrantes de alta cualificación con exitosos resultados para el desarrollo del país, debe ser el ejemplo a imitar por Europa. Y por España en particular, que si no quiere quedarse atrás en al carrera por captar talento del exterior debería adaptar su anacrónica legislación de extranjería a las necesidades reales del mercado.
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